Conmoción generalizada causó la polémica llegada de la «paciente cero» con la variante Delta, que ingresó al país y quebró las normas sanitarias para asistir al funeral de su padre. Esto provocó que el pasado 7 de julio, la mujer de 43 años fuera formalizada en el Juzgado de Garantía de San Javier.
Este martes, el fiscal jefe de San Javier, Patricio Caroca, entregó información con el resultado del juicio simplificado que se llevo a cabo. Por la investigación fueron formalizadas dos personas que como medida deben pagar una multa con insumos a beneficio de la Cruz Roja.
«El día viernes recién pasado el el Juzgado de Garantía de San Javier dictó sentencia condenatoria respecto de una mujer que puso en riesgo la salud pública al ingresar al territorio nacional sin respetar la cuarentena», detalló el persecutor.
A su vez, el fiscal jefe destacó que luego de la investigación de la Fiscalía de San Javier el tribunal «compartió los argumentos de que se trataba de un hecho grave que puso en riesgo a los vecinos y vecinas de la comuna de San Javier al no respetar las disposiciones de la autoridad que indicaban que no debía mantener contacto con ninguna persona».
«Esta mujer hizo caso omiso de las instrucciones, tuvo contacto con varias personas en un funeral llevado a cabo en el mes de junio en San Javier y a su vez infringió las disposiciones que indicaban que no debía tener contacto con ninguna persona en su trayecto desde Santiago a la comuna de San Javier», agregó.
La condena
El fiscal Patricio Caroca indicó que la paciente cero de la variante Delta, «fue condenada a la pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo, que es la pena que se establece para este delito».
Por otra parte, respecto a «las personas que la acompañaban, que son los denominados casos estrechos, fueron sometidos a una suspensión condicional, esto es que deberán donar cada uno de ellos la suma de 300 mil pesos en insumos médicos a la Cruz Roja de San Javier, no verse involucrados en ningún hecho de similares características durante el término de un año y fijar domicilio e informar cualquier cambio del mismo”.
En el juicio se decidió sustituir el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta, por la pena de remisión condicional. Por ello, quedará sujeta al control administrativo y a la asistencia al Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Linares (por un año).
Finalmente, la paciente de la variante Delta, debe cumplir durante el período de control con las condiciones legales del artículo 5° de la Ley 18.216; que impone el fijar residencia y mantener un empleo en caso de carecer de medios conocidos y honestos de subsistencia. Además se levantó la prohibición que tenía de salir del país.
