Este domingo el gobierno informó a través de un comunicado de prensa que finalmente ingresó el requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) para impedir la aprobación del proyecto de segundo retiro de ahorros desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que fue tramitado con apoyo transversal en la Cámara de Diputadas y Diputados, y que este miércoles debería pasar a la sala del Senado.
Esta misma jornada Sebastián Piñera se refirió al proyecto que avanza en el Congreso, indicando que la postura del Ejecutivo es “que se respete la Constitución y el estado de Derecho“, que es justamente el principal argumento para ingresar el requerimiento al TC.
En el comunicado, se reitera además lo que el Mandatario había señalado días antes, apuntando a que algunos parlamentarios “están intentando escribir una Constitución paralela, a través de proyectos de reforma constitucional que introducen artículos transitorios, sin modificar la actual Constitución“.
En ese sentido agrega que “esta práctica es inconstitucional, atenta contra nuestro ordenamiento jurídico y Estado de Derecho, y no respeta instituciones fundamentales de nuestro orden Constitucional, como la iniciativa exclusiva del Presidente en materia de gasto público, seguridad social e impuestos”.
El documento señala también que la iniciativa parlamentaria no solo es “inconstitucional”, sino que también “genera un grave daño a las pensiones presentes y futuras de todos los chilenos y beneficia con injustificadas exenciones tributarias a las personas de más altos ingresos, lo que atenta contra la equidad y la Justicia Social”.
La información del Ejecutivo dedica varios párrafos a resumir las ayudas que se ha entregado en el marco de la pandemia del coronavirus, y destaca que el proyecto ingresado a mediados de la semana pasada que permite un retiro de “extraordinario” de ahorros de los fondos previsionales sí se ajusta a las normas constitucionales.
Con todo, la estrategia del gobierno no explica las razones por las cuales no se recurrió al TC cuando se aprobó el primer retiro de ahorros, y se promulgó la normativa como fue despachada desde el Congreso.
